Todo lo de la contaminación debe traducirse en mayores aportes fiscales para Quintero y Puchuncaví

Roberto Silva Bijit

Han pasado siete meses desde ese día 21 de agosto, en que se encendieron tantas luces rojas en la bahía, en que tantas personas sufrieron los efectos de la contaminación, sin embargo, todavía seguimos esperando algunas decisiones claves para reparar los daños.

Revisemos la situación.

Si el parque industrial funciona desde el año 1961, significa que son responsables de esta instalación los últimos 10 gobiernos que ha tenido Chile y que no han sido capaces de mitigar los efectos de la zona industrial no solo con medidas de protección ambiental, sino muy especialmente con inversiones en el desarrollo de ambas comunas. Cualquier Estado consciente de sus actuaciones, además de fiscalizar habría mejorado la infraestructura de los pescadores, del comercio, del área hotelera, de los pequeños empresarios, de los agricultores, del hospital y las escuelas.

Llevan meses investigando sin que surja nada claro y preciso. Acusan a una y otra empresa, como si eso, al final de la investigación, (si es que alguna vez la terminan) resolviera los mareos, las cefaleas, vómitos y signos neurológicos que afectaron a 1.775 personas de la zona, tanto niños como adultos.

Nadie sino el Estado está llamado a controlar la situación, mediante un monitoreo fiscal con instrumentos modernos y con gente que sepa manejarlos, para evitar la vergüenza de que pasen meses y no sepan qué ni quién contaminó, principalmente porque no sabían manejar los equipos que instalaron para la emergencia. El plan de Descontaminación fija una oficina local de monitoreo, que esperemos sean de alta tecnología.

El mismo plan regula la emisión de gases, especialmente la del dióxido de azufre (SO2), además de muchos otros, incluso algunos que ni estaban regulados, que nadie sabía que se emitían al aire. Tal vez si lo más valioso fue que el gobierno organizó un proceso abreviado de participación ciudadana, en el que recibió 777 observaciones de personas naturales, centros académicos, ONGs, empresas del cordón industrial y 431 personas en actividades presenciales.

Hace un mes, la Comisión de la Cámara de Diputados que investigó la crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví, aprobada por 131 votos a 0 (en algo que estén de acuerdo) reconoce al Estado de Chile como responsable de las omisiones que se han cometido a lo largo de los años, culpa al Ministerio de Ambiente de Bachelet 2 de encontrar a la zona tan desprotegida, pide que las empresas inviertan más en tecnología, pidió controlar otros contaminantes atmosféricos, crear planes de descontaminación de agua y suelo, y cerrar lo antes posible siete termoeléctricas que tienen más de 40 años de funcionamiento que existen en el país.

Esperemos que esta Comisión se pronuncie alguna vez por lo atrasado y fuera de época que es el intento de construir la central termoeléctrica “Los Rulos” en el corazón de una zona agrícola.

Finalmente, un dato. Hay una complicación que se ha producido entre la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la fiscal del Biobío, que se habría negado a entregar la información que había obtenido de sus investigaciones en la bahía. Trascendió que ella y los policías que trabajaron con ella (incluidos los PDI que fueron a parar al hospital intoxicados) apuntan a que el origen de los gases estaría en la descarga de un tipo de crudo iraní, que llaman “pesado” en la zona, porque es rico en ácido sulfhídrico, desde el barco “Cabo Victoria”, el 8 y 9 de agosto.

Sea lo que sea, necesitamos que el Estado de Chile, que es este gobierno y los gobiernos que vengan, aumente sus inversiones en la zona para proteger a las comunas de Quintero y Puchuncaví, para que pasen de zona de sacrificio a zona de vivir bien.