Éstas fueron acogidas a trámite y el Instituto Nacional de Derechos Humanos espera que se investigue de forma acuciosa
QUILPUÉ.- Rodrigo Matus Mardones es ingeniero civil industrial y tiene 28 años. Vive en Quilpué y, producto de la crisis democrática que afecta al país, como muchos chilenos salió de su hogar el sábado 19 de octubre para participar de las manifestaciones. Durante el desarrollo de estas protestas no sufrió mayores problemas, pero todo cambió cuando se retiraba rumbo a su casa, momento en que, según denunció su abogado, fue detenido, agredido y torturado por Carabineros.
“Cuando se retiraba se encontró con un grupo de siete carabineros de Fuerzas Especiales, quienes al verlo, sin ningún tipo de antecedentes, lo golpearon entre todos, con los pies, puños y ‘lumazos’. Lo subieron al carro policial y lo bajaron en la comisaría donde lo arrastraron tomado del pelo. Mientras tanto, a lo menos otros 10 funcionarios policiales aplaudieron al ver esto, tratándolo de homosexual por tener el pelo largo”, relató a “El Observador” el abogado del joven, Gonzalo Uribe.
Agregó que “luego él, al igual que varios detenidos de ese día y según los antecedentes que aún estamos recopilando, fue llevado al baño de los calabozos, donde nuevamente lo golpearon. Y esto lo hicieron porque ese lugar es el único de la comisaría de calle Thompson que no tiene cámaras. Es una práctica institucionalizada, permitida por el mando”.
El profesional afirmó que “mi representado está policontuso, con lesiones de distinta gravedad, absolutamente visibles y será sometido a un escáner porque es posible que una de esas heridas le haya provocado un daño más permanente”.
AÚN NO HAY SUMARIOS
Frente a este caso, el abogado presentó una querella en la Fiscalía de Quilpué con la finalidad de que se investiguen a fondo estos hechos. “Necesitamos que los antecedentes sean derivados a la Policía de Investigaciones para que se recopile el material gráfico como los videos que puedan existir a través de las cámaras en el centro de la ciudad”, manifestó el jurista.
El abogado comentó además que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) estaría recopilando información sobre otros hechos similares ocurridos en la comuna.
“Ya se ingresó la querella y estamos en proceso de diligencias, pero esta situación no va a quedar impune, porque esto no lo estamos haciendo solo por él, sino por el hijo de cualquiera de nosotros que podría ser vulnerado y torturado en esta comisaría. Vamos a hacer todo lo posible para que estos hechos no vuelvan a pasar”, concluyó Gonzalo Uribe.
“El Observador” conversó con el prefecto de Carabineros de Marga Marga, coronel Roberto Troncoso, quien sobre este caso en particular y en términos generales, dijo que “en este minuto de seguro van a surgir una serie de denuncias y querellas por distintos hechos, porque estamos en una situación de emergencia, con fuerzas armadas en las calles, por ello es lógico que sucedan diversas situaciones. Pero hay que seguir el protocolo que corresponde, dar cuenta a la Fiscalía y luego se iniciará la investigación interna correspondiente”.
Sobre este último punto, el jefe policial confirmó que hasta ahora, en la Provincia de Marga Marga no se han iniciado sumarios administrativos relacionados al actuar de los funcionarios policiales en manifestaciones u hechos delictuales en el contexto actual del país, pero en el caso que reciban la información de estas acciones legales se desarrollarán las investigaciones internas pertinentes.
TRES QUERELLAS
El director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernando Martínez, informó que dicha entidad ha presentado tres querellas por el delito de tortura tras la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, en el contexto de las manifestaciones que se han realizado en Quilpué.
“Son personas que fueron detenidas por Carabineros y al momento de la detención resultaron golpeados, recibiendo la mujer, además, vejámenes sexuales, para después en la comisaría de Quilpué recibir amenazas de connotación sexual. Estas acciones legales ya se aprobaron a trámite y se espera que para el día de hoy (24 de octubre), según lo que solicitó la Fiscalía, el Servicio Médico Legal aplique el Protocolo de Estambul, una diligencia judicial que consiste en documentar por la vía de exámenes médicos y de carácter científicos la ocurrencia de torturas”, expresó el jefe regional del INDH.
Agregó que “nosotros trabajamos con las definiciones que entregan los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, además invocamos la legislación nacional, el artículo 150 del Código Penal, que se refiere a todo sufrimiento o vejación que sea causada por un funcionario público con el objeto de castigar a alguien, obtener una confesión o cualquier finalidad que se persiga y se infrinja algún menoscabo o daño físico o síquico. Por lo tanto, un golpe en una manifestación podría también ser constitutiva de tortura”.
Sobre el proceso judicial que comienza de ahora en adelante, Francisco Martínez afirmó que “nosotros esperamos que esto se pueda investigar de manera acuciosa, es lo que corresponde de acuerdo a la ley, la cual también dice que una vez investigado y reuniéndose las pruebas, el Ministerio Público debe presentar acusación y se debe condenar a las penas que correspondan a los autores, si es posible identificarlos”.
