[OPINIÓN] ¿Quién responde por nuestra seguridad?

Roberto Silva Bijit

Parece que hay mucha gente hablando de seguridad y poca trabajando para que vivamos en un lugar más seguro. No nos tapemos la vista. Nadie duda que entre Quillota y La Calera hay un territorio sobre el cual mantienen -desde hace años- un dominio los que venden drogas, los diferentes grupos narcos instalados en las poblaciones.

LEA TAMBIÉN: Crimen narco: Los detalles de la noche en la que un joven fue baleado en Quillota

Lo que pasa aquí es lo mismo que pasa en Santiago o en otras ciudades del país. No hay diferencias. Familias que comercializan droga y que se han transformado en verdaderos ricos, por las grandes ganancias que deja el ilícito negocio.

Ese dinero, ese gran dinero, es el que se les ha subido a la cabeza y los hace creer que están por sobre la ley y la justicia. Ese dinero es el que aprieta el gatillo de sus armas para matar con impunidad, en lugares públicos, en plena plaza y al mediodía, al lado de un servicentro y de un mall, adentro de un estadio repleto de público, en las calles de una población o en la orilla del río.

No basta que nuestras autoridades estén asombradas, deben exigir en el poder central más recursos para frenar un problema que viene creciendo y que después se hará incontrolable.

Toda la comunidad debiera pedir medidas especiales para poder enfrentar esta crisis de seguridad que estamos viviendo.

La gente se queja diciendo que las cámaras no parecen tan eficientes, que se necesita una acción más inmediata de acuerdo a lo que ven las cámaras en el momento.

Una cosa es que se sientan con la libertad de disparar en plena plaza y huir. Otra muy distinta es que no los puedan encontrar. Una cosa es acribillar a un joven desde un auto a otro auto. Otra muy diferente es que las policías no puedan dar con su paradero. Hay en todos estos sucesos una impunidad que hace pensar que el sistema de seguridad que tenemos no responde, que no funciona y que necesita un remezón.

Seguir diciendo que podrían ser narcos, que quizá se trataría de un posible ajuste de cuentas, que a lo mejor, en una de esas, que estos hechos podrían estar vinculados con el tráfico de drogas, es una tontería que nadie debiera seguir repitiendo. Las cosas deben llamarse por su nombre para que podamos comenzar a entendernos.

Siempre se ha dicho y es hora de repetirlo: la seguridad es un derecho que debe garantizar el Estado a sus ciudadanos. Un derecho real, no un aparato policial que no funciona, que no encuentra responsables, que persigue sin encontrar.

No puede ser un derecho tener una justicia lenta que no llega hasta el final y que siempre haya alguna traba que la deja a medio camino. Hay que abrir bien los ojos, porque si nuestro sistema judicial no puede encontrar a los culpables y dictar sentencias reales, seguiremos viviendo bajo esta atmósfera de inseguridad que después puede ser incontrolable e intolerable.

No estamos exagerando, estamos describiendo una realidad. Lo peor que nos podría pasar es que, para cuidarse las espaldas, los políticos, las autoridades, las policías y los tribunales, quieran decir que estos son hechos aislados.

Eso sería lo peor.