Asistí al III Encuentro de Municipios por la Felicidad realizado en mayo en Quillota, que reunió a expositores de primer nivel, entre ellos, el Ministro del Buen Vivir de Ecuador y el delegado para Latinoamérica de la OCDE, un organismo del cual solemos jactarnos pertenecer.
Aunque algunas actividades eran abiertas a la comunidad, el público objetivo de la mayoría de las charlas, talleres y paneles eran funcionarios y autoridades municipales de ocho países, que pagaron por asistir. Del encuentro surgió la necesidad de crear la Red Latinoamericana de Municipios por la Felicidad, así como una serie de acuerdos entre autoridades asistentes, especialmente en miras a generar proyectos e intercambios de experiencias. En los últimos días, en México y Costa Rica, Quillota cuajó algunos de ellos.
Hace un mes nos enteramos que la Contraloría Regional emitió un dictamen acerca de este encuentro internacional, por una denuncia de la ex candidata a alcaldesa de Nogales Gloria Tapia Bahamondes (RN), quien tiene importantes vínculos políticos en Quillota. La entidad emitió reparos porque el encuentro fue organizado por el Municipio, que no tiene entre sus misiones la capacitación, algo que será resuelto en el futuro, convocando a través del Organismo Técnico Capacitador, OTEC Municipal, que sí puede hacerlo.
Sorprende que la denuncia venga de quien aspiraba a dirigir la Municipalidad de Nogales. ¿Esperaba ella desarrollar su eventual labor de alcaldesa sin recibir aportes de privados?”
Sin embargo, lo más preocupante es que Contraloría haya objetado el financiamiento del encuentro por la empresa eléctrica ENEL, propietaria en Quillota de la termoeléctrica San Isidro. Pese a que no se trató de “platas negras” y todo se efectuó “por encima de la mesa”, se cuestionó que la Municipalidad reciba dinero de una empresa ubicada en su territorio, a la que tarde o temprano tendrá que fiscalizar.
Este dictamen es de la mayor gravedad, porque pese a que es aplicable solo a este caso, usando jurisprudencia podría poner en tela de juicio cualquier futura alianza público-privada entre empresas y cualquiera de las 346 municipalidades del país. Con ello, la cada vez más importante Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que tanto ayuda al desarrollo de las comunas, se verá debilitada, porque las empresas no querrán meterse en problemas y porque Contraloría -en teoría- espera que, por ejemplo, la Municipalidad de Quillota busque auspiciadores en Arica o Punta Arenas para sus actividades y no en la misma ciudad. ¿Quién se podría interesar en eso? Claramente no tiene sentido.
Ojalá la Contraloría entre en razón y entienda que su dictamen puede terminar atando de manos a las municipalidades. No solo a Quillota. A todas”.
Pero más complejo aún, el dictamen cuestiona -por anticipado- la probidad de los municipios, acusando que si estos reciben aportes de una empresa para becas, festivales, seminarios, pavimentación o lo que sea, la entidad edilicia va a ser “más blandita” y hará “vista gorda” al momento de fiscalizar a ese auspiciador.
Quillota tiene un modelo de gestión, a cargo de un equipo municipal, muy exitoso hasta ahora, que ha permitido captar recursos de diferentes empresas, locales y externas, para financiar diversas iniciativas de interés comunal y que tendrá su máxima expresión en las actividades de celebración del Tricentenario, muchas de ellas, de alto nivel y financiadas por aportes privados.
Sorprende que la denuncia venga de quien aspiraba a dirigir la Municipalidad de Nogales. ¿Esperaba ella desarrollar su eventual labor de alcaldesa sin recibir aportes de privados? A “El Observador” le dijo que el problema de Quillota es que no ha sabido gestionar recursos del Estado, especialmente en cultura. Basta pararse afuera del multimillonario Centro Cultural “Leopoldo Silva Reynoard”, para darse cuenta de que eso no es así.
Se ha abierto una caja de pandora, con consecuencias insospechadas y tal como publicáramos, con un rechazo transversal de todos los sectores económicos y políticos, incluido el de la propia abogada denunciante. Ojalá la Contraloría entre en razón y entienda que su dictamen puede terminar atando de manos a las municipalidades. No solo a Quillota. A todas.
