Roberto Gormaz Araya
Académico
Ingeniería en Gestión de Negocios Internacionales
Universidad Viña del Mar
La pandemia producida por el virus Covid-19 ha derivado en una crisis económica a nivel mundial, que, como es de costumbre, afecta a los más vulnerables.
En la búsqueda por encontrar soluciones financieras para apoyar a familias que han quedado sin trabajo o a quienes se les ha imposibilitado laburar debido a la cuarentena, se saca a la palestra un plan, que, a pesar de sus falencias financieras, es apoyado por el 83% de la población al tocar la columna vertebral de un sistema que, para muchos, significa una promesa rota, las AFP.
Las administradoras de fondos de pensiones tienen la capacidad de acumular millones de dólares anualmente y con ellos invertir en distintos sectores del mercado bursátil, para posteriormente obtener utilidades de aquellas acciones. Sin embargo, esta metodología se ha transformado en un foco de críticas, en especial por los decretos de ley impuestos desde la llegada de la democracia a Chile.
Ahora, si bien hay ciertas reglas o leyes que se deben cambiar, como el Decreto de Ley 3.500, también podemos transformar este “ente de disgusto” en herramientas a favor de mercados más competitivos y democráticos.
Pero, ¿cómo se logra esto? En primer lugar, con una focalización de la inversión. El precio de las acciones es el reflejo monetario del valor que demandantes (ciudadanos) otorgan a una empresa en específico, por lo cual este es susceptible a variaciones personales, sin embargo, como cotizantes en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no sabemos si las compañías donde se invierte nuestro dinero van en contra de nuestros principios. Por ejemplo, un “cotizante” quien lleva una vida “vegana” desconoce si sus fondos son invertidos en empresas donde se utilizan animales para su producción tales como la industrial de la moda (piel animal) o producción de carne.
Por lo tanto, la propuesta es permitir que ciudadanos puedan establecer un porcentaje de “focalización” de inversiones en mercados de una determinada línea, es decir, si un cotizante vegano desea que el 10% (por ejemplo) de su dinero vaya a una empresa cuya producción este alineada con sus principios, debería ser capaz hacerlo. A su vez, debiese ser posible negar inversión de fondos a empresas que hayan cometido delitos de corrupción.
En segundo lugar, los fondos AFP como “start ups”. Para fomentar emprendimientos nacionales y diversificar nuestra matriz productiva se podría financiar ideas de negocios con dineros de las AFP. Esto evitaría que el Estado destine impuestos a instituciones como Corfo o Sercotec (impuestos) y los direccione a otros sectores, además se evitan las altas tasas de interés por parte de instituciones bancarias. De esta manera, parte de la rentabilidad obtenida por las instituciones beneficiadas iría a fondos de pensión de aquellos cotizantes cuyo dinero fue invertido en ellas.
Finalmente, el salvataje de empresas. Para evitar la caída de empresas “estratégicas” nacionales, causando un impacto negativo en cadena con sus proveedores se inyecta dinero de las AFP en aquellas instituciones. Sin embargo, estas acciones se compran a nombres de “cotizantes”, por lo tanto, son los ciudadanos quienes se “apropian” de estas acciones, teniendo ellos la potestad de venderlas a precio de mercado cuando el valor de éstas se estabilice y la rentabilidad obtenida por las mismas va directo a sus fondos de pensión.
Estas ideas necesitan ser trabajadas a nivel legal, pero es un primer paso para corregir un sistema financiero que ha causado descontento en la población, pero que sin embargo contiene un potencial de riqueza y democracia.
