Andinos en situación de discapacidad exigen implementar accesos universales en edificios públicos

Parlamentarios presentaron moción para aplazar en ocho años, ley que obliga a ejecutar obras para el desplazamiento de personas con impedimentos físicos

LOS ANDES.- Las personas en situación de discapacidad siempre han estado en desventaja, ya sea desde la mirada paternalista -que los mira con menoscabo debido a su condición- o porque derechamente no se crean los espacios necesarios para que aquellos que poseen dificultades de desplazamiento puedan hacerlo sin problemas.

De hecho, muchos edificios gubernamentales deberían estar habilitados para que personas con bastones o sillas de ruedas pudiesen acceder a su interior, pero esta es una verdadera fantasía en nuestros días.

Sin ir más lejos, en Los Andes la Gobernación Provincial, por años, no contó con acceso universal, y ahora recién se adaptó una entrada que si bien es cierto representa un avance, no es la solución esperada. Mismo tema con la Municipalidad, ya que no hay forma de acceder a la alcaldía, que está en el segundo piso.

En este contexto, que se repite en todo el país, surgió en febrero de 2010 una ley que establece que le corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo fijar las normas para realizar nuevas obras y edificaciones, mientras que las existentes deberán ajustarse gradualmente a las nuevas exigencias de accesibilidad.

El 4 de marzo de 2016 se publicó una modificación al cuerpo legal, con el sentido de actualizar sus normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Este mismo artículo daba un plazo de tres años para cumplir dichas consideraciones, lo cual ahora está en riesgo.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

El problema es que los senadores Carlos Montes, Manuel José Ossandón y Víctor Pérez, presentaron una moción solicitando una extensión del plazo para aplicar la nueva ley que garantiza accesibilidad para las personas con discapacidad. La ampliación solicitada sería de 8 años, lo cual fue rechazado por la Fundación Esperanza Nuestra.

Esta agrupación, repartida por todo Chile y con sede en Los Andes, criticó esta medida ya que, si se avanzara de acuerdo a la modificación del año 2016, todo debería estar resuelto para el 2019. Sin embargo, de aprobarse esta moción los plazos se verían afectados considerablemente, tal como precisó César Arancibia, presidente de la fundación en Los Andes.

“El pasado fin de semana tuvimos una asamblea general, donde expresamos nuestro rechazo ante la posibilidad latente de que se extiendan los plazos para que entre en vigencia la ley que estipula la accesibilidad de personas con discapacidad. Pensamos que éste es un atentado contra los derechos humanos de las personas con discapacidad y atenta contra una real inclusión, de la que tanto se habla pero poco se concreta”, afirmó el dirigente andino.

Arancibia agregó que, seguir alargando los plazos para que los espacios públicos sean accesibles, es un atentado contra los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad. Aseguró que el Estado ha tenido el tiempo suficiente para hacer las cosas bien pero a su juicio no lo ha hecho correctamente, “por lo que no creo que seguir aplazando la aplicación de la ley sea la solución”, sostuvo.

“No nos están haciendo un favor, no estamos pidiendo nada extraordinario, es nuestro derecho. Sin accesibilidad no hay inclusión. Nosotros ya estamos preparados para movilizarnos, para hacer valer nuestros derechos”, sentenció el presidente de la Fundación Esperanza Nuestra de Los Andes.

Por otra parte, actualmente el municipio está postulando a la EDLI del Servicio Nacional de la Discapacidad. La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo es una oferta impulsada por Senadis, que tiene como objetivo generar un proceso de inclusión social entre las personas con situación de discapacidad, sus familias y organizaciones.

Además, considera un plan de apoyo a los municipios con la finalidad de impulsar gestiones intersectoriales de envergadura para estabilizar una política pública de largo plazo, que fortalezca planes de inclusión social para las personas en situación de discapacidad.