Gonzalo Martner Fanta
Académico y Director Departamento de
Gestión y Políticas Públicas de la Usach
El gobierno ha sido tenaz en no querer modificar el actual sistema previsional. Pero el sistema de pensiones basado en las AFP fracasó. No fue capaz de cumplir lo prometido. Hoy, cuando las primeras generaciones que se vieron obligadas a participar de este sistema empiezan a pensionarse, queda al descubierto el drama social que significa para Chile el desmantelamiento de la seguridad social. El resultado básico de la reforma de 1981 es que los pensionados reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo. Y esta tasa de reemplazo irá disminuyendo para los próximos jubilados, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que estará en torno al 3% para las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedia el sistema desde su inicio.
La cobertura del sistema contributivo de AFP es, además, muy deficiente: solo un 60% de la fuerza de trabajo cotizó para su pensión en el primer semestre de 2019, lo cual es reflejo de la informalidad en el mundo del trabajo y precariedad a la cual se encuentran sometidos, arrastrando lagunas previsionales por cesantía o informalidad, que se concentran en las mujeres.
El resultado es que el 40% de la población solo podrá aspirar a la pensión solidaria o con una pensión contributiva que se complemente con aporte previsional solidario, quedando así el 74% de los pensionados con una pensión menor al salario mínimo.
El sistema de reparto se mantuvo como privilegio para las FF.AA. y cuesta hoy a todos los chilenos un 0,9% del PIB, mientras en la pensión solidaria solo se gasta un 0,8% del PIB. Sostener el sistema antiguo de cajas, pero sin las cotizaciones, representa todavía un gasto presupuestario de 1,5 % del PIB y por décadas alcanzó entre un 3% y 5% del PIB.
El horizonte debe ser terminar con el modelo actual de seguros privados y crear un sistema de pensiones solidario y de reparto intergeneracional, junto a una capitalización colectiva de una parte de las cotizaciones para sostener las pensiones frente al cambio demográfico. En un nuevo sistema, la base debiera ser extender la actual pensión básica a una pensión ciudadana universal, financiada con impuestos y de un monto cercano al salario mínimo, complementada con pensiones contributivas cuyo monto derive de las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida activa. Los empleadores debieran cotizar un 7,5% de la remuneración de los trabajadores, mientras el aporte obligatorio de los trabajadores debiera pasar de un 10% a 7,5% de la remuneración, sin tope. Las pensiones contributivas debieran financiarse, así, con un aporte bipartito equivalente.
Un 10% de lo recaudado debiera alimentar un mecanismo de cuentas que registre los aportes previsionales obligatorios a lo largo de la vida laboral. El sistema debiera entregar un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad, lo que en promedio debiera elevar sustancialmente las pensiones de las mujeres, utilizando un 1% de las cotizaciones. Un 4% debiera utilizarse para un Fondo de Ahorro que, mediante su inversión y capitalización administrada por el Estado, sostenga el sistema de pensiones en el largo plazo frente a una menor relación futura entre cotizantes y pensionados.
Las AFP debieran ser en el futuro solo un pilar de ahorro individual voluntario, como el actual APV, destinado a complementar las pensiones, reorientando el trabajo de las administradoras privadas de fondos hacia rendimientos estables y con bajos riesgos y cambiando el actual cobro de comisiones por flujo a un cobro por saldo.
Esta propuesta tiene una gran ventaja: terminaría con las ganancias de los dueños de las AFP a costa de las cotizaciones de los trabajadores (vía comisiones) y permitiría aumentar de modo inmediato las pensiones contributivas, lo que el proyecto del gobierno no contempla porque su objetivo es mantener el sistema de AFP.
